Tomás Gómez Franco está viviendo los momentos más complicados del final de su carrera política.
Hace un par de días y en mi columna habitual para un medio digital de Madrid, anticipaba de forma irónica y entre líneas que, este déspota y egocéntrico sicario político, podría estar bajo la investigación policial que ha destapado una Organización Criminal a que se la imputan innumerables delitos.
Hoy estoy en disposición de hacer me eco de cualquiera de los medios que en las últimas hora referencian lo que era una cuestión de tiempo.
EL CONFIDENCIAL – 29 de Octubre de 2014
El Juzgado de Instrucción número 5 de Parla ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue si el secretario general del PSM, Tomás Gómez, y su sucesor al frente del Ayuntamiento madrileño de Parla, el también socialista José María Fraile, cometieron los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al autorizar un incremento de la dotación presupuestaria para la construcción del tranvía de este municipio de 125.000 habitantes.
La petición cursada a la UDEF es el resultado de una querella presentada previamente por la Fiscalía, que apreció indicios de delito en la gestión de esa infraestructura. En concreto, el Ministerio Público considera que la decisión de elevar de 93 a 256 millones de euros se produjo presuntamente de forma irregular.
Por ello, la titular del juzgado, María del Pilar Pérez, solicita a los investigadores de la Policía Nacional que “determinen si efectivamente se ejecutaron las obras que se aprobaron en la ampliación [presupuestaria], quienes eran las personas que formaban parte de la unidad concesionaria Tranvía de Parla S.A. (Acciona S.A., FCC Construcción S.A., Detren Compañía General de Servicios Ferroviarios S.L., Caja Castilla La Mancha Corporación S.A.), si había conexiones entre esa sociedad y el Ayuntamiento de Parla (miembros de la junta de gobierno, técnicos que informaron los proyectos de ampliación de las obras) y que analicen si los fondos presupuestados se invirtieron en lo proyecto y si existía algún informe técnico a favor de que en relación con las modificaciones del proyecto inicial no era necesario efectuar los trámites del artículo 101 LCAP [para garantizar el acceso de otros competidores al contrato] y si dadas las ampliaciones efectuadas era necesario realizar una nueva licitación”.
En resumen, la jueza sospecha que Gómez y Fraile pudieron utilizar la coartada de la modificación del proyecto del tranvía para desviar fondos públicos en connivencia con las empresas adjudicatarias del contrato inicial. Los agentes de la UDEF deberán determinar si efectivamente se produjeron esas irregularidades.
El procedimiento y amenaza con expulsar a Gómez de la carrera por la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La propia instructora del caso adelanta en el auto que si la Policía aprecia indicios de delito tendrá que decidir “sobre la declaración del imputado” o imputados por su presunta vinculación con este asunto. Y el propio Gómez ha defendido públicamente que la condición de imputado debe ser incompatible con la inclusión de una lista electoral.
En mi humilde opinión y en base a la los datos a los que tengo acceso, estimo que es cuestión de tiempo que Tomás Gómez Franco siga los pasos de los Granados, Fraile, Juárez y demás implicados en una de las más profesionales operaciones policiales contra el crimen organizado que se han realizado en este país en los últimos años.
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