Por Ignacio Escribano.
Ayer anunció Esperanza Aguirre su dimisión como Presidenta de la Comunidad de Madrid. Asimismo, renunció a su acta como diputada de la Asamblea de Madrid, cuestión importante para lo que se va a abordar aquí.
El 22 de diciembre del año pasado, fue Alberto Ruiz-Gallardón quien dimitió como Alcalde de Madrid para convertirse en Ministro de Justicia. Su lugar como alcalde lo ocupó Ana Botella, número dos en la lista electoral del Partido Popular para las elecciones de mayo de 2011.
Presumiblemente el Partido Popular seguirá en la Comunidad el mismo procedimiento que en la ciudad de Madrid, por lo que Ignacio González, número dos en la lista electoral del Partido Popular para las elecciones de mayo de 2011, será el nuevo Presidente de la Comunidad en unos días.
Esto nos conduce a preguntarnos sobre la legitimidad de la que gozan esos "números dos", Botella y González, como Alcaldesa de Madrid y Presidente de la Comunidad, respectivamente. A mi juicio, la presidencialización del modelo parlamentario español, en todos sus niveles, genera un déficit de legitimidad lo suficientemente importante como para convocar elecciones cuando el número uno de una lista electoral dimite en sus funciones.
Si bien es cierto que todos los representantes elegidos en las urnas gozan de plena legitimidad formal, no ocurre lo mismo con la legitimidad material. Un sistema de listas abiertas generaría que los representantes políticos elegidos en las elecciones fuesen los más votados, individualmente, por los ciudadanos, por lo que, la dimisión del cabeza de lista no cuestionaría la legitimidad del número dos para ocupar la Presidencia de la Comunidad o la Alcaldía, ya que habría sido el segundo representante más votado. Sin embargo, el sistema de listas cerradas que se utiliza en España lleva a que sean los partidos políticos los que elijan quién saldrá elegido como representante político. No son los ciudadanos los que eligen al número dos ni al tres de una lista, sino el comité electoral de cada partido. Por ello, la dimisión del número uno de la lista genera un déficit de legitimidad material en la persona que le sustituye en el cargo.
Esta idea está directamente relacionada con la presidencialización del parlamentarismo español. Las elecciones españolas, en cualquier nivel, en las que se elige a los representantes del Congreso de los Diputados, del Parlamento autonómico o del Pleno municipal, se convierten en elecciones en las que se elige al Presidente del Gobierno, al Presidente de la Comunidad Autónoma o al Alcalde de turno. El ciudadano vota una lista cerrada de representantes cuando en realidad está pensando que vota al cabeza de lista como jefe del ejecutivo del nivel que se trate. Y, por ello, el ciudadano medio madrileño votó a Esperanza Aguirre como Presidenta de la Comunidad, y no como diputada. Y votó a Alberto Ruiz-Gallardón como Alcalde, y no como concejal del Ayuntamiento de Madrid.
De ello se deriva que ni Ignacio González ni Ana Botella han sido votados por los madrileños para ocupar los puestos que, a mi juicio, ocupan (o van a ocupar, en el caso de González) de manera ilegítima.
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