Responsabilidad política por la quiebra de la banca pública española.

Cesar Giner

El grave rescate de España concierne, de manera principal, a las cajas de ahorro, y ello merece una seria reflexión.

Las Cajas de ahorro no son entidades de propiedad estatal, pero son entidades públicas, como ha dicho la Comisión Europea durante los más de 20 años de pertenencia española a la Unión.

La misión primordial de las Cajas de ahorro era el fomento del ahorro y la concesión de créditos a las pequeñas empresas y a las familias, así como la realización de su obra social. Hace tres décadas las liberalizaron, lo que aprovecharon para equipararse en el quehacer diario a los bancos, pero como son entidades públicas, sus decisiones de inversión no se tomaban en plena igualdad con el resto de inversores.

Puede afirmarse que las Cajas tienen una gestión pública. Las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y Cabildos las controlan de forma intensa, y en sus órganos de Gobierno también tienen presencia los agentes sociales y los impositores. Son instituciones influidas por la realidad política, social y económica de la ciudad o región en la que están domiciliadas.

Los gestores de las Cajas, al contrario de lo que acontece con los de las sociedades anónimas, no están sometidos al mandato de actuación en el favor exclusivo de sus accionistas –los impositores en el caso-. La Ley incorpora otros criterios importantes como la obra social o los intereses públicos. Esta situación es dudosamente compatible con un mercado financiero amplio, complejo, fundado en la confianza de todos los intervinientes y coherente con una lógica basada en la racionalidad económica y no en la conveniencia política.

Y lo cierto es que la estrecha implicación de las cajas de ahorro en la economía del ladrillo, guiada por decisiones de gestión muy desacertadas, ha provocado el crash de la economía española y la necesaria intervención de las autoridades internaciones para inyectar en el sector financiero hasta cien mil millones de euros, ni más, ni menos, comprometiendo el futuro de toda un país y de sus próximas generaciones.

Resulta razonable que la ciudadanía exija responsabilidades políticas, civiles y criminales. La apertura de investigaciones por la Fiscalía Anticorrupción para averiguar la comisión de algunos delitos apunta hacia la posible depuración de las responsabilidades penales y civiles de los gestores de las cajas de ahorro. Y resulta razonable que se ofrezcan a la ciudadanía todas las garantías y compromisos conducentes a que estos dineros sean devueltos a nuestros prestamistas por los autores de esta desaguisado: las entidades financieras.

Y ahora es también el turno de los Partidos Políticos y de los Agentes Sociales, que deben explicar el papel que han realizado al frente de los órganos de gestión. Partidos y Agentes Sociales disponen de representantes en los órganos rectores de las cajas: la asamblea general, el consejo de administración y la comisión de control.

Los Partidos Políticos antes que enrocarse en comisiones de investigación parlamentarias deben convocar a sus consejeros en las Cajas y, seguidamente, ofrecer a la ciudadanía una explicación pública y bien clara sobre las decisiones de gestión que han tomado, y con las actas de los órganos rectores en las manos, explicar la medida de su apoyo a las decisiones adoptadas por estas entidades públicas.

Una sosegada reflexión debe asimismo efectuarse sobre el sistema institucional de supervisión española de los mercados financieros. Sencillamente, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no han estado a la altura de instituciones que desde la independencia pueden velar por la salud y el recto funcionamiento de los mercados. Explicaciones y responsabilidades son aquí también pertinentes.

No es momento de que los unos culpen a los otros. Ni de aprovechar momentos críticos para presentar propuestas que alimenten la animadversión de la ciudadanía hacia la Política y los políticos, aunque puedan resultar razonables. Sin la Política no nos vamos a salvar, ni a recuperar la maltrecha confianza en las posibilidades de España. Por eso es convincente la idea de marchar todos juntos, a través de grandes pactos de Estado, pero sin olvidar que los responsables de la mala gestión de las instituciones públicas españolas, políticas y empresariales, tienen que dar explicaciones y asumir sus responsabilidades.