Estos enterados correveidiles no conocen la diferencia entre el profesional que, para bien o para mal soporta a las diferentes cúpulas de las que depende, y los intereses políticos que, a través de incompetencia, inexperiencia y falta de empatía también debe soportar.
Cualquier operativo de la Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía se lleva a cabo en conjunto con la Unidad Judicial que proceda. Asimismo, operaciones contra los asesinos de la banda armada se realizan tras una exhaustiva investigación que se alarga en el tiempo y está respaldada por un juez.
La mayoría de las veces se requiere que, fuera del “horario de oficina”, el profesional responsable de los grupos de intervención examine la actuación y asegure la buena conclusión de la misma, arrebatando muchas veces enteros a la estabilidad familiar.
Por lo tanto, la intervención contra el ‘frente de makos’ no es ni mucho menos en sí misma una venganza para olvidar la decisión de un juez. En cuanto a los funcionarios que desarrollan su trabajo en el gabinete de prensa del Ministerio del Interior, solo reciben la orden de comunicar y no tienen la capacidad de decidir cuándo ni cómo ni dónde.
Hace mucho tiempo que la palabra política se incorporó a la sociedad. Desde entonces, ha ido perdiendo la etimología que la definía como una ciencia capaz de ordenar los asuntos del ciudadano y de regular la convivencia para el bien común. Hoy en día, las decisiones políticas se toman para conservar los sueldos de familias enteras que se han acomodado en un entorno social impropio a sus capacidades.
La Audiencia Nacional deberá abrir una investigación sobre la decisión de filtrar una intervención contra terroristas antes de que ésta se produzca. Podrá ser una simple y punible negligencia sin más o no. Sin embargo, lo que está claro es que las órdenes en el ámbito político corren de arriba abajo y, en muchas ocasiones, con el único interés de proteger, conservar y hacer valer los intereses económicos y personales de quien decide.
Es inconcebible e irrisorio pensar que los profesionales que dependen de la administración desde hace décadas, y que se juegan la vida por el bienestar y la seguridad del pueblo que les paga, sean los culpables de una u otra orden que evita la condena posterior de cualquier asesino. Sino que le pregunten a la mujer o los hijos de Eduardo Puelles, a la cantidad de funcionarios asesinados por la banda terrorista o a sus familiares.
La falta de profesionalidad, la apatía y la falta de cordura son las infiltradas en la cabeza de algún gilipollas que llegó hace unos meses al Ministerio del Interior y probablemente saldrá dentro de otros cuantos por la puerta grande.
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